El subdirector general de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ángel Melchor, señaló este martes que el objetivo del Gobierno es «mantener e incrementar» el empleo público de personas con discapacidad.
Así lo dijo durante la inauguración de la VI Jornadas del Foro de la Contratación Pública Responsable, ‘RSC+D en la Administración Pública: presentación de la herramienta para la aplicación efectiva de la cláusula social’, que se celebra con la colaboración de Fundación ONCE, ‘El Nuevo Lunes’, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Fondo Social Europeo.
El acto de inauguración contó con la asistencia del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y la presidenta del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable y presidenta de Microsoft, María Garaña.
En este marco, Melchor anunció que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se va a proceder al estudio y actualización del real decreto que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y que, entre otras medidas, se extenderá la reserva de la cuota del 7% de reserva de plazas para personas con discapacidad entre los funcionarios interinos.
Según explicó, la actualización legislativa en esta materia será presentada al Consejo Nacional de Discapacidad y a la Comisión de Empleo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones.
Melchor señaló que las cláusulas sociales son criterios en la contratación pública que incorporan aspectos de política social, lo que supone, dijo, una herramienta de máxima utilidad, ya que la contratación pública representa una parte importante del PIB.
Aseguró que estas cláusulas «ponen en valor la rentabilidad social» y contribuyen al empleo, «para que las personas con discapacidad aspiren a mejores condiciones de vida y trabajo», y, recalcó, «las administraciones públicas tienen que asumir un firme compromiso con aquellos colectivos con mayores dificultades».
«Hay que crear las condiciones entre todos para que estas cláusulas se introduzcan en la contratación pública», subrayó, y «el ahorro de costes no es incompatible con esto».